Política Social e Igualdad

En el PP Andaluz creemos en las políticas sociales como un pilar básico del Estado del Bienestar. Hay que blindar nuestro sistema de protección social, hay que luchar por la igualdad de oportunidades, contra la discriminación y por los más vulnerables y desfavorecidos. Éstas son nuestras ideas:

1.- Proponemos un Pacto Andaluz para luchar contra la Violencia de Género que garantice, entre otras cuestiones, un presupuesto suficiente para las políticas en este ámbito y que éste se gaste al 100%. Adecuar los juzgados de violencia para evitar la coincidencia entre víctima y agresor en el mismo espacio físico.

2.- Necesitamos una Ley de Atención Infantil Temprana para garantizar una atención de calidad y gratuita a 20.000 niños andaluces.

3.- Hay que eliminar la lista de espera de la dependencia. 100.000 andaluces tienen reconocido ese derecho y no reciben ninguna prestación.

4.- Las organizaciones sociales del Tercer Sector son quienes mejor conocen y atienden a las personas vulnerables, necesitan una financiación periódica y estable. No pueden estar dependiendo de convocatorias aleatorias de subvenciones.

5.- Es fundamental una Ley de Juventud de Andalucía.

6.- Hay que ampliar el número de plazas residenciales y de centros de día para la Tercera Edad.

7.- Necesitamos un Plan de Infancia que aborde todos los problemas de pobreza, desigualdad, vulnerabilidad y acoso que sufren muchos niños en Andalucía.

8.- La familia es el centro de la política social del Partido Popular, se debe abordar un Plan Integral de la Familia que afecte a todo el ámbito de competencias del gobierno andaluz.

9.- Abonar puntualmente las transferencias comprometidas y pendientes de pago en materia de discapacidad a las asociaciones y organizaciones.

10.- Elaborar planes de accesibilidad provinciales enfocados a la adaptación de edificios oficiales y espacios públicos. Elaborar un plan de accesibilidad específico centrado en el fomento del turismo adaptado, con especial hincapié en las playas, los entornos naturales, el patrimonio histórico y el sector de la hostelería.

11.- Cumplir y hacer cumplir la legislación referente a la obligada cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad tanto en la administración pública como en las empresas de más de 50 trabajadores.

12.- Cumplir la legislación vigente en materia de lengua de signos para garantizar el acceso a intérpretes cualificados en servicios fundamentales como las urgencias o la educación superior.

13.- Promover medidas de integración e inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales en la Educación Secundaria Obligatoria que garanticen su continuidad en el proceso educativo, la accesibilidad y permanencia en las enseñanzas de Formación Profesional y la cuota de reserva de plazas para estas personas, así como estudiar un modelo de Formación Profesional Básica que facilite el acceso a otro tipo de enseñanzas y formación a nivel profesional de este alumnado

14.- Resolver la importante carencia de monitores de educación especial y maestros especialistas en audición y lenguaje y pedagogía terapéutica en los colegios de enseñanzas infantil y primaria para atender al alumnado con necesidades educativas especiales, así como solucionar los problemas de escolarización, comedor y aulas matinales en los centros.

15.- Aumentar la cobertura de plazas específicas para personas con discapacidad en los centros residenciales y centros de día y de noche, tanto públicas como concertadas, para cubrir las necesidades existentes. Eliminar la infravivienda y el chabolismo presente todavía en Andalucía.

16.- Garantizar el cumplimiento de la financiación de los centros especiales de empleo que asegure su normal funcionamiento y la creación y el mantenimiento de empleo de las personas con discapacidad.

17.- Promover el establecimiento de un encuadramiento profesional más diversificado para los trabajadores con discapacidad, en correspondencia con las funciones que realizan, con el fin de poder así superar el salario mínimo interprofesional.

18.- Garantizar la suspensión de los desahucios de los colectivos más vulnerables y la protección a los afectados por no poder hacer frente al pago de las hipotecas o a las cuotas de alquiler, ofreciendo una alternativa de alojamiento.

19.- Aumentar la protección y prevención en el maltrato a los mayores.

20.- Garantizar las pensiones.